[Ppnews] Harassment of Carlos Alberto and Avelino continues
Political Prisoner News
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Thu Jan 14 10:28:07 EST 2010
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Sigue hostigamiento contra Carlos Alberto y Avelino
Por Cándida Cotto
13 enero 2010
http://claridadpuertorico.com/content.html?news=28FC2CD9304856266F4103385A5DD5CA
El Buró Federal de Prisiones (BFP) del gobierno
de Estados Unidos continúa entorpeciendo la
salida de la cárcel del prisionero político
puertorriqueZo Carlos Alberto Torres, mientras
que se supone que este próximo martes 19 de
enero, Torres tenga otra audiencia ante un
oficial examinador de la Junta Federal de Libertad Bajo Palabra (JFLBP).
En una relación de hechos que coinciden y que
parecen emanar de la responsabilidad del BFP el 9
de diciembre de 2009 las autoridades de la
prisión FCI, Pekin, en Illinois clasificaron al
puertorriqueZo en un grupo de alta seguridad,
alegadamente por su asociación con el terrorismo
doméstico. Con esta acción, a Carlos Alberto se
le negó tener acceso a comunicación mediante
correo electrónico, lo que se les está
permitiendo a otros confinados. Cuando Torres
cuestionó por qué fue clasificado en ese grupo
luego de 29 aZos de encarcelamiento y conducta
ejemplar y que esto podía afectar la
recomendación de una salida bajo palabra, no se
le ofreció explicación alguna, mucho menos por escrito.
La licenciada Jan Susler, asesora legal del
luchador puertorriqueZo, reveló que éste se
enteró de la próxima audiencia en días recientes
luego que se lo comunicara un oficial de la
prisión, quien le dijo que el 24 de noviembre de
2009 la JLBP informó a la prisión que deseaba
tener otra audiencia para ver el asunto disciplinario.
La cadena de manejos de incidentes provocados por
el BFP se remonta a diciembre de 2008 cuando las
autoridades de la prisión trasladaron un grupo de
diez prisioneros a la unidad donde estaba el
boricua. En más de una ocasión Torres solicitó el
traslado de dos de los ocupantes, petición que
fue rechazada. El 14 de enero de 2009, dos días
antes de que Torres tuviese una vista ante la
JLBP, los oficiales de la prisión hicieron un
registro en su unidad y alegaron haber encontrado
una fisga en uno de los baZos. Ante estos hechos
la vista con la JLBP fue aplazada.
Aunque uno de los ocupantes de la unidad, de
nombre Maurice Wilkins, se responsabilizó por la
tenencia del arma y expresó que nadie más estaba
implicado, el 22 de enero la oficialidad de la
prisión determinó que tanto Torres como el resto
de los presos eran culpables del conocimiento de
la tenencia de armas. La determinación acarreó un
castigo de 60 días en segregación, sin visitas,
sin llamadas telefónicas, ni acceso a la
comisaría, entre otras consecuencias. El 31 de
enero, el preso Wilkins volvió a asumir la
responsabilidad de los hechos mediante una
declaración jurada. Bajo esta circunstancia,
apoyada por una campaZa de cartas dirigidas al
BFP en donde se denunciaba el proceso y se exigía
una nueva audiencia, en abril el director
regional admitió que el proceso administrativo
por el cual el puertorriqueZo fue declarado
culpable contuvo errores por lo que devolvía el
informe del incidente a una revisión en la
prisión. En mayo la oficialidad de la prisión
contestó que el informe del incidente fue cancelado.
Finalmente, el 26 de mayo del 2009 se celebró la
videoconferencia con el oficial examinador de la
JLBP, quien recomendó que Carlos Alberto podía
salir en libertad condicional en abril del 2010.
Para esta fecha ya el luchador puertorriqueZo
habría cumplido exactamente 30 aZos de
encarcelamiento. La determinación final sobre la
recomendación del oficial examinador se supone
que se diera en un plazo de 21 días. Pero una vez
más, entre junio y julio, la oficialidad de la
prisión sometió acusaciones falsas contra Carlos
Alberto y lo sometió a nuevas vistas sobre los
hechos reseZados. El 28 de julio la JLBP le
comunicó que iba a posponer por 90 días su
decisión en espera de la resolución de los cargos.
No conformes con lo anterior en septiembre (2009)
un oficial de inteligencia y traductor de la
prisión le informó al puertorriqueZo que se
habían recibido órdenes de arriba de que había
que vigilar sus movimientos y que de ese momento
en adelante su correspondencia en espaZol iba a
ser traducida fuera de la prisión proceso que tardara un mes.
De haberse dado la vista sin incidentes y la JLBP
haber acogido la recomendación del oficial
examinador, el luchador puertorriqueZo se supone
que tenía derecho a salir en octubre del 2009 a
lo que se conoce como media casa y en abril de
2010 a estar fuera de prisión en libertad condicionada.
Ante la situación tanto en Puerto Rico como en
Estados Unidos se mantiene una campaZa de envío
de cartas al director del BFP, Harley G. Lappin
para que cese el hostigamiento contra Carlos
Alberto y se le retire la determinación de
culpabilidad de su expediente y se comunique a la
Junta de Libertad Bajo Palabra.
En términos de derecho, en términos de justicia,
si esas vistas no son pro forma, Carlos Alberto
debería de salir en abril conforme a la
recomendación del oficial examinador que vio su
vista anterior. No hay justificación moral, ni
política, ni sentido de justicia alguno que
obligue a que permanezca preso, reaccionó el
Lcdo. Eduardo Villanueva, respecto a la audiencia
pautada para este 19 de enero.
El portavoz del Comité Pro Derechos Humanos, que
lleva la campaZa a favor de la excarcelación de
todos los prisioneros políticos puertorriqueZos,
observó que Carlos Alberto es uno de los presos
políticos más antiguos de Occidente y el
puertorriqueZo que más aZos ha estado preso por
razones políticas. Carlos Alberto Torres y Oscar
Rivera fueron acusados del delito conceptual de
conspiración sediciosa, por lo que Villanueva
calificó de irracional la insistencia del
Gobierno de Estados Unidos de mantener en prisión
a los independentistas puertorriqueZos.
Siguen negando atención médica a Avelino
Los familiares y amigos del prisionero político
Avelino González Claudio, están a la expectativa
de que tanto las autoridades del Centro
Correccional de Suffield y la Universidad del
Estado de Connecticut cumplan en las próximas dos
semanas con una orden del tribunal para que
González Claudio reciba atención médica de un neumólogo.
La salud del luchador independentista comenzó a
afectarse a los pocos meses de haber sido
trasladado a la cárcel en el estado de
Connecticut, luego de su arresto en la Isla en
febrero del 2008, tras casi 15 aZos en el
clandestinaje. Juan González Pedrosa, uno de los
hijos de Avelino, contó que visitó a su padre a
principios de diciembre y es evidente que los
síntomas de temblor y falta de coordinación en
sus manos y en sus piernas han ido en progreso de
una manera alarmante. Fue claro en que antes de
estar en prisión su padre estaba en buenas
condiciones de salud. En marzo del 2008
aparecieron los primeros síntomas junto con una
condición de alta presión. Desde ese momento,
tanto sus familiares, amigos y su representación
legal han hecho todas las gestiones
administrativas, campaZa y envío de cartas para
lograr que se le preste la atención médica especializada.
Como resultado de las gestiones - narró González-
se descubrió que los médicos de las dos prisiones
en las que ha estado su padre sí recomendaron el
examen de un neumólogo pero la Junta Revisora del
Plan Médico negó el servicio en tres ocasiones.
Indicó que en Connecticut los servicios de salud
de la población penal están privatizados mediante
un contrato con la Universidad del Estado.
Debido a que en Connecticut no hay cárcel
federal, González Claudio se encuentra en la
institución de máxima seguridad de Suffield del
citado estado. Las visitas y las llamadas
telefónicas están limitadas a su familia
inmediata. Juan González describió que su padre
está muy delgado y que el temblor en las manos no
le ha permitido por el momento ni contestar las
numerosas cartas que le llegan. También advirtió
que la prisión no permite que se le envíen
donativos de manera directa, por lo que las
personas interesadas en hacer alguna aportación
pueden hacerlo al Comité Avelino González
Claudio, Apartado 10363, San Juan, Puerto Rico, 00922.
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Harassment of Carlos Alberto and Avelino continues
By Cándida Cotto
January 13, 2010
http://claridadpuertorico.com/content.html?news=28FC2CD9304856266F4103385A5DD5CA
translated by Jan Susler
The Federal Bureau of Prisons (BOP) of the United
States government continues to obstruct the
parole of Puerto Rican political prisoner Carlos
Alberto Torres, while Torres is supposedly set
for a hearing with the U.S. Parole Commissions
(USPC) hearing examiner next Tuesday, January 19.
Several related, coinciding facts appear to be
the responsibility of the BOP, including that on
December 9, 2009, prison authorities at FCI
Pekin, Illinois, classified the Puerto Rican in a
high security group, allegedly for his
association with domestic terrorism. As a
result, Carlos Alberto was denied access to
email, which all the other prisoners are being
granted. When Torres asked why he was classified
into this group after 29 years of prison and
exemplary conduct, and that this could affect the
recommendation for parole, he was offered no
explanation, verbally or in writing.
Attorney Jan Susler, legal advisor to the Puerto
Rican political prisoner, revealed that Carlos
Alberto learned of his next parole hearing only
recently, after a prison official told him that
on November 24, the USPC had told the prison they
wanted to convene another hearing to address the disciplinary issue.
The chain of tactics of provocative incidents by
the BOP dates back to December of 2008, when
prison authorities moved a group of ten prisoners
to Torres unit. On more than one occasion,
Torres asked that two of the cellmates be moved,
but his request was denied. On January 14, 2009,
two days before Torres was scheduled for a parole
hearing, prison officials searched his unit and
claimed to have found a shank in one of the
bathrooms. This resulted in postponing the parole hearing.
Although one of the prisoners in the unit,
Maurice Wilkins, took responsibility for
possession of the shank and said that no one else
was responsible, on January 22, prison officials
found Torres and the rest of the prisoners guilty
of knowing about the shanks, a finding resulting
in a punishment of 60 days in segregation, no
visits, no phone calls, no access to the
commissary, among other restrictions. On January
31, Wilkins again assumed responsibility, this
time in a sworn statement. Due to this, and the
support of a campaign of letters sent to the BOP
denouncing the process and demanding a new
hearing, in April the regional director admitted
that there had been errors in the process, and
sent the incident report back to the prison to be
revised. In May, prison officials responded that
the incident report had been dismissed.
Finally, the parole hearing was held on May 26,
2009, via video conference with the USPC hearing
examiner, who recommended that Carlos Alberto be
paroled in April of 2010. Carlos Alberto will
have served exactly 30 years of prison on the
targeted date. The final decision, whether to
adopt the hearing examiners recommendation, was
to take place within 21 days. But once again,
between June and July, prison officials made
false accusations against Carlos Alberto, and
subjected him to a new hearing. On July 28, the
USPC informed him they would postpone their
decision for 90 days, pending the resolution of the disciplinary charges.
Not satisfied with this result, in September
(2009) a prison intelligence officer and
translator told Carlos Alberto that they had
received orders from above that they were to
monitor his movements, and that in the future his
correspondence in Spanish was to be translated
outside the prison, which could delay his mail for a month.
If he had gone to the hearing without incident,
and the USPC had adopted the recommendation of
the hearing officer, Carlos Alberto would have
had the right to be released in October of 2009,
to what is known as a halfway house, and in
April of 2010 to be released on parole.
As a result of the situation, a campaign is being
waged in Puerto Rico as well as in the United
States, sending letters to BOP director Harley G.
Lappin, to stop harassing Carlos Alberto, to
expunge the finding of guilt from his file, and
to inform the parole commission he has done so.
In terms of law, in terms of justice, if these
hearings are not pro forma, Carlos Alberto should
be paroled in April, in conformity with the
recommendation of the hearing examiner who
presided over the previous hearing. Under no
moral or political justification, under no sense
of justice, should he remain in prison,
responded attorney Eduardo Villanueva, concerning
the hearing set for January 19.
The spokesperson for the Human Rights Committee,
which wages the campaign for the release of all
Puerto Rican political prisoners, observed that
Carlos Alberto is one of the longest held
political prisoners in the West, and the longest
held Puerto Rican in prison for political reasons.
Carlos Alberto Torres and Oscar Rivera were
accused of the conceptual offense of seditious
conspiracy, and Villanueva called irrational the
United States governments insistence on keeping
the Puerto Rican independentistas in prison.
Avelino still being denied medical attention
Family and friends of political prisoner Avelino
González Claudio are hoping that the authorities
of Suffield Correctional Center and the State
University of Connecticut comply in the next two
weeks with a court order that González Claudio
receive medical attention from a specialist.
The health of this independentista fighter began
to be affected a few months after being moved to
the prison in the state of Connecticut, following
his arrest on the Island in February of 2008,
after almost 15 years in clandestinity. Juan
González Pedrosa, one of Avelinos sons, said
that he visited his father in early December, and
that the symptoms of trembling and lack of
coordination in his hands and legs have
progressed at an alarming rate. It was clear that
before being in prison, his father was in good
health. In March of 2008, the first symptoms
began, along with a condition of high blood
pressure. From that moment, his family, friends
and attorneys have made effort administratively,
and with a letter writing campaign, to get him
the specialized medical attention he needs.
As a result of these efforts, González reported,
they learned that doctors from the two prisons
where his father has been recommended that he be
seen by a specialist, but the Medical Plan
Advisory Board refused service on three
occasions. He stated that in Connecticut, the
prison populations health services are
privatized, with a contract with the State University.
Because there is no federal prison in
Connecticut, González Claudio is held in the
maximum security institution at Suffield, CT.
Visits and telephone calls are limited to
immediate family. Juan González described his
father as very thin, and that the trembling in
his hands has for the moment not allowed him to
respond to the many letters he receives. He also
warned that the prison does not allow people to
send him money directly. Anyone interested in
making a contribution can do so with the Avelino
González Committee, Apartado 10363, San Juan, Puerto Rico, 00922.
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