[Ppnews] Harassment of Carlos Alberto and Avelino continues

[Political Prisoner News]

English translation follows Spanish

Sigue hostigamiento contra Carlos Alberto y Avelino
Por Cándida Cotto
13 enero 2010
http://claridadpuertorico.com/content.html?news=28FC2CD9304856266F4103385A5DD5CA 


El Buró Federal de Prisiones (BFP) del gobierno 
de Estados Unidos continúa entorpeciendo la 
salida de la cárcel del prisionero político 
puertorriqueZo Carlos Alberto Torres, mientras 
que se supone que este próximo martes 19 de 
enero, Torres tenga otra audiencia ante un 
oficial examinador de la Junta Federal de Libertad Bajo Palabra (JFLBP).

En una relación de hechos que coinciden y que 
parecen emanar de la responsabilidad del BFP el 9 
de diciembre de 2009 las autoridades de la 
prisión FCI, Pekin, en Illinois clasificaron al 
puertorriqueZo en un grupo de “alta seguridad”, 
alegadamente por su “asociación con el terrorismo 
doméstico”. Con esta acción, a Carlos Alberto se 
le negó tener acceso a comunicación mediante 
correo electrónico, lo que se les está 
permitiendo a otros confinados. Cuando Torres 
cuestionó por qué fue clasificado en ese grupo 
luego de 29 aZos de encarcelamiento y conducta 
ejemplar y que esto podía afectar la 
recomendación de una salida bajo palabra, no se 
le ofreció explicación alguna, mucho menos por escrito.

La licenciada Jan Susler, asesora legal del 
luchador puertorriqueZo, reveló que éste se 
enteró de la próxima audiencia en días recientes 
luego que se lo comunicara un oficial de la 
prisión, quien le dijo que el 24 de noviembre de 
2009 la JLBP informó a la prisión que deseaba 
tener otra audiencia para ver el asunto disciplinario.
La cadena de manejos de incidentes provocados por 
el BFP se remonta a diciembre de 2008 cuando las 
autoridades de la prisión trasladaron un grupo de 
diez prisioneros a la unidad donde estaba el 
boricua. En más de una ocasión Torres solicitó el 
traslado de dos de los ocupantes, petición que 
fue rechazada. El 14 de enero de 2009, dos días 
antes de que Torres tuviese una vista ante la 
JLBP, los oficiales de la prisión hicieron un 
registro en su unidad y alegaron haber encontrado 
una fisga en uno de los baZos. Ante estos hechos 
la vista con la JLBP fue aplazada.

Aunque uno de los ocupantes de la unidad, de 
nombre Maurice Wilkins, se responsabilizó por la 
tenencia del arma y expresó que nadie más estaba 
implicado, el 22 de enero la oficialidad de la 
prisión determinó que tanto Torres como el resto 
de los presos eran culpables del conocimiento de 
la tenencia de armas. La determinación acarreó un 
castigo de 60 días en segregación, sin visitas, 
sin llamadas telefónicas, ni acceso a la 
comisaría, entre otras consecuencias. El 31 de 
enero, el preso Wilkins volvió a asumir la 
responsabilidad de los hechos mediante una 
declaración jurada. Bajo esta circunstancia, 
apoyada por una campaZa de cartas dirigidas al 
BFP en donde se denunciaba el proceso y se exigía 
una nueva audiencia, en abril el director 
regional admitió que el proceso administrativo 
por el cual el puertorriqueZo fue declarado 
culpable contuvo errores por lo que devolvía el 
informe del incidente a una revisión en la 
prisión. En mayo la oficialidad de la prisión 
contestó que el informe del incidente fue cancelado.

Finalmente, el 26 de mayo del 2009 se celebró la 
videoconferencia con el oficial examinador de la 
JLBP, quien recomendó que Carlos Alberto podía 
salir en libertad condicional en abril del 2010. 
Para esta fecha ya el luchador puertorriqueZo 
habría cumplido exactamente 30 aZos de 
encarcelamiento. La determinación final sobre la 
recomendación del oficial examinador se supone 
que se diera en un plazo de 21 días. Pero una vez 
más, entre junio y julio, la oficialidad de la 
prisión sometió acusaciones falsas contra Carlos 
Alberto y lo sometió a nuevas vistas sobre los 
hechos reseZados. El 28 de julio la JLBP le 
comunicó que iba a posponer por 90 días su 
decisión en espera de la resolución de los cargos.
No conformes con lo anterior en septiembre (2009) 
un “oficial de inteligencia y traductor” de la 
prisión le informó al puertorriqueZo que se 
habían recibido “órdenes de arriba” de que había 
que vigilar sus movimientos y que de ese momento 
en adelante su correspondencia en espaZol iba a 
ser traducida fuera de la prisión proceso que tardara un mes.

De haberse dado la vista sin incidentes y la JLBP 
haber acogido la recomendación del oficial 
examinador, el luchador puertorriqueZo se supone 
que tenía derecho a salir en octubre del 2009 a 
lo que se conoce como “media casa” y en abril de 
2010 a estar fuera de prisión en libertad condicionada.

Ante la situación tanto en Puerto Rico como en 
Estados Unidos se mantiene una campaZa de envío 
de cartas al director del BFP, Harley G. Lappin 
para que cese el hostigamiento contra Carlos 
Alberto y se le retire la determinación de 
culpabilidad de su expediente y se comunique a la 
Junta de Libertad Bajo Palabra.

“En términos de derecho, en términos de justicia, 
si esas vistas no son pro forma, Carlos Alberto 
debería de salir en abril conforme a la 
recomendación del oficial examinador que vio su 
vista anterior. No hay justificación moral, ni 
política, ni sentido de justicia alguno que 
obligue a que permanezca preso”, reaccionó el 
Lcdo. Eduardo Villanueva, respecto a la audiencia 
pautada para este 19 de enero.
El portavoz del Comité Pro Derechos Humanos, que 
lleva la campaZa a favor de la excarcelación de 
todos los prisioneros políticos puertorriqueZos, 
observó que Carlos Alberto es uno de los presos 
políticos más antiguos de Occidente y el 
puertorriqueZo que más aZos ha estado preso por 
razones políticas. Carlos Alberto Torres y Oscar 
Rivera fueron acusados del delito conceptual de 
conspiración sediciosa, por lo que Villanueva 
calificó de irracional la insistencia del 
Gobierno de Estados Unidos de mantener en prisión 
a los independentistas puertorriqueZos.

Siguen negando atención médica a Avelino
Los familiares y amigos del prisionero político 
Avelino González Claudio, están a la expectativa 
de que tanto las autoridades del Centro 
Correccional de Suffield y la Universidad del 
Estado de Connecticut cumplan en las próximas dos 
semanas con una orden del tribunal para que 
González Claudio reciba atención médica de un neumólogo.

La salud del luchador independentista comenzó a 
afectarse a los pocos meses de haber sido 
trasladado a la cárcel en el estado de 
Connecticut, luego de su arresto en la Isla en 
febrero del 2008, tras casi 15 aZos en el 
clandestinaje. Juan González Pedrosa, uno de los 
hijos de Avelino, contó que visitó a su padre a 
principios de diciembre y es evidente que los 
síntomas de temblor y falta de coordinación en 
sus manos y en sus piernas han ido en progreso de 
una manera alarmante. Fue claro en que antes de 
estar en prisión su padre estaba en buenas 
condiciones de salud. En marzo del 2008 
aparecieron los primeros síntomas junto con una 
condición de alta presión. Desde ese momento, 
tanto sus familiares, amigos y su representación 
legal han hecho todas las gestiones 
administrativas, campaZa y envío de cartas para 
lograr que se le preste la atención médica especializada.

Como resultado de las gestiones - narró González- 
se descubrió que los médicos de las dos prisiones 
en las que ha estado su padre sí recomendaron el 
examen de un neumólogo pero la Junta Revisora del 
Plan Médico negó el servicio en tres ocasiones. 
Indicó que en Connecticut los servicios de salud 
de la población penal están privatizados mediante 
un contrato con la Universidad del Estado.

Debido a que en Connecticut no hay cárcel 
federal, González Claudio se encuentra en la 
institución de máxima seguridad de Suffield del 
citado estado. Las visitas y las llamadas 
telefónicas están limitadas a su familia 
inmediata. Juan González describió que su padre 
está muy delgado y que el temblor en las manos no 
le ha permitido por el momento ni contestar las 
numerosas cartas que le llegan. También advirtió 
que la prisión no permite que se le envíen 
donativos de manera directa, por lo que las 
personas interesadas en hacer alguna aportación 
pueden hacerlo al Comité Avelino González 
Claudio, Apartado 10363, San Juan, Puerto Rico, 00922.

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Harassment of Carlos Alberto and Avelino continues
By Cándida Cotto
January 13, 2010
http://claridadpuertorico.com/content.html?news=28FC2CD9304856266F4103385A5DD5CA 

translated by Jan Susler

The Federal Bureau of Prisons (BOP) of the United 
States government continues to obstruct the 
parole of Puerto Rican political prisoner Carlos 
Alberto Torres, while Torres is supposedly set 
for a hearing with the U.S. Parole Commission’s 
(USPC) hearing examiner next Tuesday, January 19.

Several related, coinciding facts appear to be 
the responsibility of the BOP, including that on 
December 9, 2009, prison authorities at FCI 
Pekin, Illinois, classified the Puerto Rican in a 
“high security” group, allegedly for his 
“association with domestic terrorism.” As a 
result, Carlos Alberto was denied access to 
email, which all the other prisoners are being 
granted. When Torres asked why he was classified 
into this group after 29 years of prison and 
exemplary conduct, and that this could affect the 
recommendation for parole, he was offered no 
explanation, verbally or in writing.

Attorney Jan Susler, legal advisor to the Puerto 
Rican political prisoner, revealed that Carlos 
Alberto learned of his next parole hearing only 
recently, after a prison official told him that 
on November 24, the USPC had told the prison they 
wanted to convene another hearing to address the disciplinary issue.


The chain of tactics of provocative incidents by 
the BOP dates back to December of 2008, when 
prison authorities moved a group of ten prisoners 
to Torres’ unit. On more than one occasion, 
Torres asked that two of the cellmates be moved, 
but his request was denied. On January 14, 2009, 
two days before Torres was scheduled for a parole 
hearing, prison officials searched his unit and 
claimed to have found a shank in one of the 
bathrooms. This resulted in postponing the parole hearing.

Although one of the prisoners in the unit, 
Maurice Wilkins, took responsibility for 
possession of the shank and said that no one else 
was responsible, on January 22, prison officials 
found Torres and the rest of the prisoners guilty 
of knowing about the shanks, a finding resulting 
in a punishment of 60 days in segregation, no 
visits, no phone calls, no access to the 
commissary, among other restrictions. On January 
31, Wilkins again assumed responsibility, this 
time in a sworn statement. Due to this, and the 
support of a campaign of letters sent to the BOP 
denouncing the process and demanding a new 
hearing, in April the regional director admitted 
that there had been errors in the process, and 
sent the incident report back to the prison to be 
revised. In May, prison officials responded that 
the incident report had been dismissed.

Finally, the parole hearing was held on May 26, 
2009, via video conference with the USPC hearing 
examiner, who recommended that Carlos Alberto be 
paroled in April of 2010. Carlos Alberto will 
have served exactly 30 years of prison on the 
targeted date. The final decision, whether to 
adopt the hearing examiner’s recommendation, was 
to take place within 21 days. But once again, 
between June and July, prison officials made 
false accusations against Carlos Alberto, and 
subjected him to a new hearing. On July 28, the 
USPC informed him they would postpone their 
decision for 90 days, pending the resolution of the disciplinary charges.

Not satisfied with this result, in September 
(2009) a prison “intelligence officer and 
translator” told Carlos Alberto that they had 
received “orders from above” that they were to 
monitor his movements, and that in the future his 
correspondence in Spanish was to be translated 
outside the prison, which could delay his mail for a month.

If he had gone to the hearing without incident, 
and the USPC had adopted the recommendation of 
the hearing officer, Carlos Alberto would have 
had the right to be released in October of 2009, 
to what is known as a “halfway house,” and in 
April of 2010 to be released on parole.

As a result of the situation, a campaign is being 
waged in Puerto Rico as well as in the United 
States, sending letters to BOP director Harley G. 
Lappin, to stop harassing Carlos Alberto, to 
expunge the finding of guilt from his file, and 
to inform the parole commission he has done so.

“In terms of law, in terms of justice, if these 
hearings are not pro forma, Carlos Alberto should 
be paroled in April, in conformity with the 
recommendation of the hearing examiner who 
presided over the previous hearing. Under no 
moral or political justification, under no sense 
of justice, should he remain in prison,” 
responded attorney Eduardo Villanueva, concerning 
the hearing set for January 19.

The spokesperson for the Human Rights Committee, 
which wages the campaign for the release of all 
Puerto Rican political prisoners, observed that 
Carlos Alberto is one of the longest held 
political prisoners in the West, and the longest 
held Puerto Rican in prison for political reasons.
Carlos Alberto Torres and Oscar Rivera were 
accused of the conceptual offense of seditious 
conspiracy, and Villanueva called irrational the 
United States government’s insistence on keeping 
the Puerto Rican independentistas in prison.

Avelino still being denied medical attention
Family and friends of political prisoner Avelino 
González Claudio are hoping that the authorities 
of Suffield Correctional Center and the State 
University of Connecticut comply in the next two 
weeks with a court order that González Claudio 
receive medical attention from a specialist.

The health of this independentista fighter began 
to be affected a few months after being moved to 
the prison in the state of Connecticut, following 
his arrest on the Island in February of 2008, 
after almost 15 years in clandestinity. Juan 
González Pedrosa, one of Avelino’s sons, said 
that he visited his father in early December, and 
that the symptoms of trembling and lack of 
coordination in his hands and legs have 
progressed at an alarming rate. It was clear that 
before being in prison, his father was in good 
health. In March of 2008, the first symptoms 
began, along with a condition of high blood 
pressure. From that moment, his family, friends 
and attorneys have made effort administratively, 
and with a letter writing campaign, to get him 
the specialized medical attention he needs.

As a result of these efforts, González reported, 
they learned that doctors from the two prisons 
where his father has been recommended that he be 
seen by a specialist, but the Medical Plan 
Advisory Board refused service on three 
occasions. He stated that in Connecticut, the 
prison population’s health services are 
privatized, with a contract with the State University.

Because there is no federal prison in 
Connecticut, González Claudio is held in the 
maximum security institution at Suffield, CT. 
Visits and telephone calls are limited to 
immediate family. Juan González described his 
father as very thin, and that the trembling in 
his hands has for the moment not allowed him to 
respond to the many letters he receives. He also 
warned that the prison does not allow people to 
send him money directly. Anyone interested in 
making a contribution can do so with the Avelino 
González Committee, Apartado 10363, San Juan, Puerto Rico, 00922.












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